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El CERMI pide una especial protección a la discapacidad ante los desahucios

18/12/2012

El sector social de la discapacidad, representado por el CERMI, pide una especial protección a la discapacidad ante los procesos de desahucio de viviendas y alojamientos, en las propuestas de enmiendas que ha planteado al proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y que ha enviado a los grupos parlamentarios.

El comité considera que cualquier modificación del régimen legal de los desahucios "ha de tener en consideración la singular situación de las personas con discapacidad o de las familias en las que éstas se integran", que "sufren unas condiciones de vulnerabilidad netamente superior en los casos en que se produzca la pérdida de la vivienda".
  
Para el CERMI, no sólo se deben comprender las situaciones individuales (viviendas unipersonales o unifamiliares), sino también los casos de viviendas o alojamientos colectivos de personas con discapacidad, como los pisos de apoyo o para la vida independiente, de los que son titulares organizaciones sin ánimo de lucro del tercer sector de la discapacidad.
  
Asimismo, las propuestas del comité también plantean que se reconozca como discapacidad en grado igual o superior al 33% a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensioistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, según establece la Liondau.
  
También apunta que "el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere el límite de cinco veces el Iprem" en el caso de una persona con discapacidad con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o de una persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
  
Además, indica que la renta "no debe ser tenida en cuenta cuando la persona con discapacidad resida en una vivienda o alojamiento compartido del que sea deudor titular una entidad sin ánimo de lucro del tercer sector de la discapacidad".
  
Por otra parte, el CERMI propone que la cuota hipotecaria debe resultar superior al 40% de los ingresos netos que perciban los miembros de la unidad familiar, en el caso en que uno de ellos tenga discapacidad, y del 30%, cuando tenga una discapacidad con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o de una persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
  
Por último, el comité también plantea que, para conceder el arrendamiento de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que han sido desalojadas de su vivienda habitual, "se recoja, con criterio, no sólo los ingresos, sino también la situación de discapacidad".